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El intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Diego Martín Caram, fue condenado a siete años y medio de prisión, por haber armado una falsa lista de beneficiarios de planes sociales para quedarse el dinero. El tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.
Los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Ríos dispusieron además la “inmediata remisión de la presente sentencia al Concejo Deliberante de Mercedes, a fin de que proceda a la suspensión del intendente municipal, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial” por parte de los concejales.
Caram, cuyo mandato concluye el próximo año, fue hallado culpable de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, falsificación de documentos públicos y sustracción de documentos”.
También el contador Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes, fue condenado a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal durante la investigación fue condenado a cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En otro punto, los jueces ordenaron el decomiso de “los bienes provecho del delito”, que asciende a $ 2.844.080, y que ese monto “deberá ser ajustado dentro de los treinta días corridos de quedar firme el veredicto, por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales del Poder Judicial, desde octubre de 2019 hasta la fecha de su efectivo pago” por parte de Caram, Brun y Deimundo.
También dispusieron una inhibición sobre los bienes de los nombrados “a fin de garantizar y que no se torne ilusoria la devolución” del dinero sustraído. Y trabarles embargos hasta cubrir la suma de $40.799.600.
Funcionarios de menor rango de la Municipalidad fueron condenados a prisión en suspenso y deberán realizar un curso sobre ética pública.
La investigación judicial se disparó a fines de 2019 cuando el ex intendente radical de Mercedes Víctor Cemborain acercó a un juzgado fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.
El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran.
Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.
“La metodología que utilizaban estas personas era con nombres de personas reales, de carne y hueso, y en la causa se acreditó que nunca cobraron. Nos dijeron que no eran sus firmas, nunca fueron empleados municipales ni cobraron un peso”, sostuvo Casarrubia al pedir el procesamiento del alcalde peronista cuyo mandato finaliza el próximo año.
La Justicia pudo acreditar que las maniobras de apropiación de los recursos ocurrió entre mayo y septiembre de 2019. La jueza Margarita López Rivadeneira procesó a Caram y seis funcionarios municipales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos”, ya que los originales de esas planillas nunca pudieron ser hallados en las oficinas municipales.
En la audiencia de cesura de pena, este martes, el fiscal Juan Alegre pidió nueve años y ocho meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, la detención inmediata y el embargo o la inhibición de los bienes a fin de realizar la devolución del dinero del erario municipal para el intendente Caram. El planteo también alcanzó a Pedro Jorge Brun, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda y Finanzas; el tesorero municipal Claudio Deimundo; y la jefa de Personal, Mariangeles Solange García Fariña.
Para la encargada de los bienes patrimoniales de la Municipalidad de Mercedes solicitó que cumpla una pena de ocho años de cárcel y se la inhabilite para ejercer cargos públicos. En su alegato de cesura de pena, pidió la detención inmediata y que también sea alcanzada por el embargo e inhibición de bienes.
Alegre se basó en un informe de los peritos contables del Poder Judicial para exigir que los imputados reintegren a las arcas del Estado un total de 80 millones de pesos, valor actualizado del dinero que en su momento se apropiaron indebidamente. “El daño fue muy importante y debe disponerse el embargo o la inhibición de los bienes de cada uno de ellos para que respondan a la devolución del dinero del erario municipal”, afirmó. El Tribunal finalmente mandó a trabar embargos por poco más de 40 millones a Caram y sus funcionarios.