Bava también citó al diputado nacional Cristian Ritondo, a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, y al responsable de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi. Foto: Fernando Gens Los exjefes de la Casa Militar, José Yofre, y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati, ratificaron ante la justicia que las funciones de la llamada “avanzada” eran relevar hospitales, rutas disponibles ante emergencias y otros temas vinculados a seguridad, ante viajes del expresidente Mauricio Macri.
Ambos exfuncionarios declararon como testigos ante el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las 44 victimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en la que Macri ya fue indagado, informaron fuentes judiciales. Cecati arribó al juzgado federal de Dolores a las 10 y se retiró una hora y media después, mientras que Yofre ingresó a las 11 y declaró hasta poco después las 12, informaron fuentes judiciales.
Del trámite participaron el juez, la fiscalía y las querellas que representan a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino en 2017 además del abogado defensor del expresidente, Pablo Lanusse.
Según fuentes judiciales, los dos testigos -relevados de su obligación de guardar confidencialidad- explicaron en qué consisten las tareas de la Casa Militar y de custodia de Presidencia.
El miércoles se presentaron a declarar en los tribuales de Dolores el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis. Foto: Alejandro Moritz Sobre los viajes presidenciales, explicaron que la llamada “avanzada” coordina temas de seguridad vinculados a cercanía de hospitales, rutas “de escape” ante emergencias y en algunos casos posibilidad de cortes de ruta o protestas que puedan influir en traslados del mandatario. Bava tomó estas declaraciones a pedido de la defensa de Macri, tras indagarlo la semana pasada.
Por otro lado, la Cámara Federal de Mar del Plata realizará mañana una audiencia previa a resolver si acepta un planteo de Macri para apartar al juez del caso o lo ratifica. Esta audiencia será presencial en la sede del Tribunal de Apelaciones en la ciudad balnearia, con la presencia de la defensa de Macri, las querellas que pidieron participar y si lo desea, podrá asistir también Bava, el juez recusado.
En la causa también están citados el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo, la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y el actual responsable de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi. Caamaño y Ritondo podrán contestar por escrito un pliego de preguntas, algo que está previsto por los cargos que ocupan.
Las declaraciones de Cecati y Yofre se sumaron a las que ya prestaron, también a pedido de la defensa de Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis.
El argumento para citar a estos testigos es que el supuesto “espionaje” fue parte de la tarea de colaboración entre la AFI y la Casa Militar, que se encarga de la seguridad presidencial, de manera previa a las visitas que el exmandatario hacía a Mar del Plata. De Andreis era, por su cargo, el responsable de la Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente.
Todos los testigos citados quedaron relevados de su deber de guardar confidencialidad sobre temas de inteligencia y seguridad interior, mediante el Decreto 762/2021
Foto: Alejandro Moritz En su declaración, Aguad descartó “absolutamente” la posibilidad de “espionaje ilegal”, al hablar con la prensa cuando salió del juzgado. “No hay ninguna chance de que alguien haya hecho espionaje, más allá de las tareas de seguridad del presidente (Mauricio Macri), que desconozco, es imposible que haya habido espionaje”, dijo.
Macri está imputado por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017.
Las tareas ilícitas habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.