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domingo, 23 junio, 2024

Presupuesto: Martín Guzmán iría al Congreso y juntará reclamos para subir el gasto

Después de atravesar las tormentosas elecciones del domingo, el ministro de Economía volverá a ocupar el centro de la escena y enfrentará uno de los tramos más desafiante de su gestión. En un contexto marcado por las tensiones cambiarias, la negociación con el FMI y las pujas irresueltas en el oficialismo, Martín Guzmán presentará el Presupuesto en el Congreso la semana próxima.

Después de dos meses de haber enviado el proyecto, el funcionario sería convocado la semana próxima a la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, encabezada por Carlos Heller. “Esta semana se va a fijar la reunión para que venga miércoles o jueves de la semana que viene”, confirmaron fuentes parlamentarias del Frente de Todos.

Guzmán no había sido invitado hasta ahora por las diferencias con el kirchnerismo. Además de la carta de Cristina en rechazo al “ajuste fiscal” por la subejecución del gasto en 2021, Máximo Kirchner exige que “cierren los números con la gente adentro”. Su crítica apunta al recorte de subsidios a la energía, que Guzmán busca llevar al 1,5% e implica una suba de tarifas.

El ministro cree que la “hoja de ruta” es fundamental para estabilizar la economía y enviar señales a los acreedores. Una de ellas es la reducción del déficit primario del 4% previsto para este año al 3,3% en 2022 y la exclusión del pago de vencimientos de capital con el FMI, bajo la premisa de que se alcanzará un supuesto acuerdo antes de marzo.

Pero dentro de su propia coalición persisten las diferencias y ven el Presupuesto como algo “dinámico”, por lo que anticipan que habrá muchos más cambios que los 33 artículos modificados en 2020. Los gobernadores ya elevaron varios pedidos. El diputado oficialista Marcelo Cassareto propuso elevar a $35.000 millones los subsidios al transporte público del interior.

A la lista se suma Misiones, con el reclamo de $114.000 millones de las retenciones a la soja y el impuesto a los combustibles para preservar la selva misionera, y Neuquén exige $ 1.647 millones para mantener la planta industrial de agua pesada de la provincia, un elemento necesario para abastecer a las centrales nucleares cuyos reactores operan con uranio natural.

Todas esas demandas suman incertidumbre en el oficialismo, donde no saben si lograrán obtener los votos suficientes. Una de las incógnitas son los legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con quien se enfrentó Alberto tras pedir que la provincia se integre. El distrito es uno de los que ya empezó a pedir fondos para su caja jubilatoria.

Córdoba es una de las 13 provincias que no transfirió su caja previsional y tironea por recursos para cubrir el déficit que no alcanza a saldar con el aporte de sus trabajadores activos. Las otras son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Sometido a presiones cruzadas, el ministro de Economía sabe que su presupuesto sufrirá transformaciones. De hecho, él fue de los primeros en enviar correcciones: tras las quejas de los recortes, incrementó el monto de la partida destinada a las universidades, que en principio contemplaba créditos por $ 335.750 millones.

En su visita al Salón de los Pasos Perdidos, el ministro se enfrentará además a una oposición que ve “inconsistente” una inflación del 33% en 2022 (muy por debajo del 50% previsto para este año), un dólar a $131 para fin de ese año (un ritmo de devaluación inferior a los precios) y un supuesto ingreso de fondos externos, que según Guzmán alcanzaría los US$ 5.300 millones.

A su vez, el gasto previsto genera cuestionamientos en los sectores oficialistas donde ven un presupuesto “contractivo” en línea con el FMI. 

Fuera de esos planteos, buena parte de la interna parece canalizarse por estas horas en la pelea por el reparto de los recursos antes que en las metas de Guzmán. Ya habría un acuerdo, de hecho, para reasignar partidas al igual que en el 2020. Así, se podrían redistribuir fondos y créditos, manteniendo las restricciones fijadas por el jefe de Hacienda. 

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