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jueves, 28 marzo, 2024

Fiesta en Olivos: al final, la causa quedará en manos del juez Lino Mirabelli

La Cámara de San Martín resolvió este lunes que el juez Lino Mirabelli será quien quede frente a la investigación por la fiesta en la quinta de Olivos cuando regía una estricta cuarentena ordenada por el propio presidente Alberto Fernández, uno de los principales imputados en el expediente. La Sala I tuvo que dirimir la disputa entre el magistrado y su par Sandra Arroyo Salgado quien consideró que era ella quien debía intervenir en el caso.

El expediente estuvo un mes en Comodoro Py a cargo del juez Sebastián Casanello. Fue en ese entonces que el fiscal Ramiro González imputó al presidente, a la primera dama y a otros nueve invitados a la celebración. Los acusó de haber violado la normativa que el mismo jefe de Estado había firmado, que prohibía todo tipo de encuentro social, como también la circulación de toda aquella persona que no haya sido declarada esencial.

El juez Lino Mirabelli que investiga el Olivos Gate.

Después de una serie de medidas impulsadas por la fiscalía, Casanello decidió remitir el expediente a San Isidro, ya que los hechos bajo investigación transcurrieron en la quinta presidencial, ubicada en Vicente López.

Así, el caso llegó a San Isidro el 1 de septiembre. Allí hay dos juzgados federales. Inicialmente, fue el juez Lino Mirabelli quien aceptó la causa porque estaba de turno cuando se radicó la denuncia.

Pero días después, el fiscal Fernando Domínguez pidió que se analice la situación, ya que en el juzgado número 1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, había una denuncia similar que era previa a este caso.

La causa estuvo en una suerte de parate durante más de dos semanas, hasta que Arroyo Salgado rechazó el pedido de Mirabelli para que no intervenga en la investigación. Por el contrario, la magistrada le reclamó que envíe todo lo referido al caso a su juzgado para acumular todo allí, es decir, para hacerse cargo ella de la investigación.

La jueza Sandra Arroyo Salgado quería tener la investigación del Olivos Gate.

Al oponerse el juez Mirabelli al planteo de su par de San Isidro, se le dio intervención a la Sala I de la Cámara de San Martín que resolvió finalmente, que el magistrado es quien debe hacerse cargo de la investigación que investiga la violación a la normativa (que impedía todo tipo de encuentra social), y en el caso del Presidente, el incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

El caso cuenta con once denuncias que se fueron realizadas sobre los mismos sucesos: la fiesta en la quinta de Olivos durante la estricta cuarentena, y los ingresos a la residencia presidencial detallando varios de ellos como ajenos a cualquier tarea de índole institucional que compete al Presidente. Sin embargo, todos los hechos confluyen en la misma acusación: “las presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

Bajo ese criterio, Sandra Arroyo Salgado había considerado que lo correspondiente era unificar ambos legajos pues, me permito afirmar, sin hesitación alguna, que la tramitación conjunta de ambos expedientes en una misma sede judicial no solo redundará en una mejor y más pronta administración de justicia, sino que además permitirá evitar un dispendio jurisdiccional que, a todas luces, resulta evidente”.

Su par, Lino Mirabelli, reiteró que la conexidad de las causas debían radicarse en su juzgado, y aclaró que no se trata de una decisión “antojadiza, sino que responde a un criterio de ecuanimidad para la asignación de causas, provenientes de otra jurisdicción, en razón del turno: se fija la fecha del primer auto de declinatoria por tratarse de un acto procesal a cargo de un magistrado, no librado a la actividad de un denunciante o parte interesada en el desarrollo del proceso”.

Finalmente, la Cámara le dio la razón después de contar con la opinión del fiscal general que consideró en igual sentido, que Mirabelli debe quedar frente al caso. 

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