Después de que la jueza federal con competencia electoral María Servini prohibió al Gobierno implementar el programa Más Cultura Joven, que en plena campaña electoral destinaba una suma de 5.000 pesos para jóvenes de bajos recursos, en la provincia de San Luis la justicia le impidió este viernes al gobernador Alberto Rodríguez Saá implemente un conjunto de planes económicos en las próximas semanas.
Recordemos: el 20 de octubre comenzó a regir en todo el país la prohibición para realizar actos públicos “susceptibles de promover la captación del sufragio”, como sostiene el calendario de la Cámara Nacional Electoral.
La justicia pone particular atención sobre un conjunto de denuncias que la oposición formuló en diversos distritos, apuntando contra el Gobierno y una batería de anuncios señalados como proselitistas con el fin de revertir la derrota electoral de las PASO.
En San Luis, el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio presentó una denuncia contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”. Se trata de 400 millones de pesos que se otorgaran en concepto de “adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”.
En las PASO, el peronismo en San Luis obtuvo el 37,3% de los votos contra el 46,9% de Juntos por el Cambio.
Para revertir ese resultado, la oposición puso la lupa una batería de anuncios oficiales publicados a través del Decreto 5959 del 5 de octubre. Con ese instrumento administrativo, el gobernador puntano modificó el presupuesto ampliando la partida para Recursos de la Administración Central.
El Comité Electoral del PRO denunció que la medida puede configurar un delito electoral, “consistente en el uso burdo y grosero de fondos públicos para financiar la campaña política del espacio kirchnerista Fuerza San Luis que dirige el Gobernador Alberto Rodríguez Saá a través la entrega de dinero en efectivo o bienes con el ánimo de revertir la derrota electoral de las PASO”, indicaron.
A la luz de todos los elementos aportados a la causa en la denuncia y en la ampliación y de la prueba producida en la misma, el fiscal federal Cristian Rachmid requirió al Juez Juan Esteban Maqueda, el dictado de urgentes medidas cautelares “para evitar la comisión de delitos electorales”. En las primeras horas de la tarde de este viernes, Maqueda le dio luz verde a todos los pedidos del fiscal, entre los cuales sobresale la prohibición al Gobernador de la Provincia y a todos los funcionarios públicos, hasta el 15 de noviembre de 2015 (día posterior a la elección), de utilizar los fondos rotatorios “CAJAS CHICAS”, para entregar dinero en efectivo en forma absolutamente discrecional.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, “se entiende que las medidas anunciadas comenzarían a implementarse en los próximos días, siendo que el 20 de octubre inició la prohibición de realizar actos públicos que puedan entenderse con fines electorales, se requiere que todo sea puesto en marcha después del 14 de noviembre”.
La denuncia del PRO busca “evitar que se consumen todas las maniobras electoralistas pergeñadas por el Gobernador Rodríguez Saá, utilizando fondos públicos”
Los programas que se deberán postergar hasta el 15 de noviembre incluyen el pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de 20.000 pesos y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre; también que no se continúe con la operatoria de microcréditos de hasta 50.000 pesos, y el otorgamiento de subsidios a asalariados.
Una vez finalizados los comicios del 14 de octubre, se “podrán continuar con dichas operaciones, sin perjuicio de la investigación penal que seguirá su curso tanto por los delitos electorales como por los delitos establecidos por el Código Penal para los Funcionarios Públicos”, explicaron fuentes allegadas al caso.
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