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Luego de concluir las indagatorias que había iniciado el jueves y continuó ayer, la jueza María Servini resolvió la situación de los 33 detenidos por los incidentes del miércoles en las inmediaciones del Congreso. Ordenó dejar presas a 16 personas, y aceptó los pedidos de excarcelación de otras 17.
Sin desvincularlos de la causa, quienes anoche recobraron la libertad se beneficiaron con el criterio que adoptó Servini al evaluar las primeras pruebas reunidas en la causa: consideró que en principio no había filmaciones ni fotos disponibles que los vincularan directamente con los destrozos.
Respecto de quienes permanecen detenidos, la jueza aún no respondió el pedido del fiscal Stornelli, quien había solicitado la prisión preventiva para todos tras acusarlos de diversos y graves delitos.
Según averiguó Clarín, sólo tres de los acusados aceptaron declarar.
Cuando formuló la acusación, el fiscal federal dijo que los 33 detenidos por las fuerzas policiales federales y de la Ciudad podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.
A raíz de los delitos atribuidos, Stornelli entendió que la prisión preventiva es en esta causa “la única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso”.
Ayer a las diez de la mañana comenzaron a llegar a Comodoro Py las personas detenidas el miércoles. Allí, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sólo tres de los acusados decidieron responder las preguntas del fiscal; los demás, por recomendación de sus abogados, decidieron no declarar.
Las indagatorias de los imputados serán cotejadas con las imágenes las cámaras públicas de seguridad y “otras que hayan captado lo sucedido, el análisis del contenido de teléfonos celulares y otros dispositivos que se hubieran incautado”.
Además, las indagatorias buscaban establecer posibles vinculaciones que pudiera haber entre los detenidos y organizaciones políticos o sociales.
A última hora de la tarde, la fiscalía analizó los pedidos de excarcelación, pero horas después la jueza aceptó algunos y desestimó otros. El jueves en la justicia porteña habían declarado algunos de los acusados, pero después el caso quedó radicado en Comodoro Py.
Para el fiscal, los que participaron de los hechos de violencia “buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público generando tumultos o desórdenes. A la vez erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”.
En esa línea pareció coincidir con la postura oficial. Patricia Bullrich, se refirió este jueves a los incidentes en medio del debate por la Ley Bases en el Senado de la Nación, habló de “golpe deEstado moderno” y pidió a la Justicia imputar por sedición a los detenidos. El ministerio de Seguridad, que ella dirige, se presentará como querellante en la causa.
“Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de sedición. El Presidente habló de golpe de Estado, que son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. Yo desgasto, yo no dejo que funcione un gobierno y con eso lo volteo. Es el concepto de golpe de Estado y por eso vamos a poner la figura de sedición”, afirmó.
También ayer, y como había anticipado el jueves, la vicepresidente Victoria Villarruel denunció ante la Justicia que los desmanes en las inmediaciones del Congreso cuando se votaba La ley Bases en el Senado fueron “un ataque contra el ejercicio democrático” y deslizó que “resulta llamativa” la coordinación entre los hechos violentos y los intentos del kirchnerismo y otros sectores de la oposición por suspender la sesión legislativa.
Villarruel enumeró los destrozos en la zona del Congreso y también en el edificio.