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Mientras el Gobierno intensifica las negociaciones para intentar conseguir más apoyo a la Ley Bases, en la semana en la que comenzaría el debate en el Congreso, el presidente Javier Milei tiene que definir sobre dos temas que podrían empantanar el trámite del proyecto: la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales y los cambios en el capítulo tabacalero, ejes que la Casa Rosada impulsaba hasta el mes pasado pero que, con el objetivo de destrabar la iniciativa y ante la falta de consenso, decidió dejarlo afuera del texto que envió a la Cámara de Diputados, pero que en los últimos días es reclamado por un sector de la oposición dialoguista.
“Está todo en análisis, todo abierto. Los aportes que sirvan para mejorar la ley y no vayan contra la esencia de lo que enviamos nosotros, lo podemos evaluar”, precisaron desde el entorno presidencial en el inicio de una semana clave en la búsqueda de acuerdos.
Fue ante la consulta de Clarín respecto al planteo que hicieron desde el bloque radical para incorporar al debate ambos temas. El jefe de los diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, incluyó en el proyecto de reforma laboral que le presentó al Gobierno un artículo para que las cuotas y aportes a los gremios se realicen “solo con el consentimiento explícito” de los empleados. Y, por su parte, el diputado Martín Tetaz desafió al Presidente vía Twitter para que sume el capítulo tabacalero cuyo tratamiento el Gobierno había decidido postergar “para un plazo no lejano”, como dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos.
“Principio de revelación: estimado @JMilei desde el bloque de la UCR vamos a reponer en el dictamen de Bases el art 189 y ulteriores, para que se terminen los privilegios en el mercado de los cigarrillos. El voto de su bloque revelará su compromiso con la reforma o su claudicación ante la billetera del lobby”, chicaneó Tetaz.
En el Gobierno, más allá de la filosa propuesta del economista, dicen analizar todos los escenarios y aseguran que si la propuesta tiene consenso en el PRO y Hacemos Coalición Federal, y desde la oposición garantizan la aprobación de la Ley Bases, “no hay ningún problema” en debatirlo. “Fue el Presidente el que puso el tema en la agenda, ¿por qué nos opondríamos?”, razonaron.
Hasta el viernes pasado, la única duda que tenían en el Gobierno era -y aún persiste- la fecha en la que iba a tratarse la ley en el recinto. Es que en los cálculos oficiales, el número para aprobar el nuevo texto no corre riesgo en la Cámara baja. Incluso en la votación en particular. Como muestra de eso, en el Ejecutivo ya habían empezado a enfocarse en el poroteo en el Senado, donde la influencia del kirchnerismo en el voluminoso bloque de Unión por la Patria es más marcada. “En Diputados, si no pasa nada raro, ya lo tenemos”, apunta uno de los arietes de Milei en la negociación.
Pero la discusión puede empantanarse. El capítulo tabacalero es uno de los puntos que genera tensión. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue el primero en plantear su enojo porque, al quitar los artículos que fijaban que todas las tabacaleras deban pagar los mismos impuestos, las arcas de su provincia pierden un recurso clave.
“Señor Presidente, las provincias del Norte, y todos los ciudadanos del resto del país, le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que Usted mismo ha atacado en público. No se deje ganar por el Señor Tabaco”, le pidió en un tuit dirigido a Milei. El gobernador, en diversas apariciones mediáticas, dejó la puerta abierta a que su tropa en el Congreso no acompañe la ley si no hay cambios. Desde otras provincias llegaron mensajes similares a la Casa Rosada.
Pero no fue el único cuestionamiento que recibió el Gobierno. En especial porque, como marcó Sáenz, la eliminación del capítulo del tabaco, beneficiaría a Pablo Otero, señalado por Milei como “el señor tabaco”, dueño de Tabacalera Sarandí. Las sospechas en torno a la intransigencia de algunos diputados que se resisten a terminar con los privilegios están a la orden del día en el Congreso.
«No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, no para Massalin, para Sarandí, para sus voceros», sentenció Adorni días atrás, a modo de defensa, azuzando esas versiones. Y desligando a los funcionarios de un supuesto pacto con el sector, como sugieren algunos opositores.
Más complejo que el asunto del tabaco asoma la quita de la obligatoriedad de los aportes gremiales. En medio del diálogo abierto con la CGT para frenar el paro y neutralizar sus críticas al grueso de la reforma laboral, en el Gobierno entienden que “es una batalla que hay que dejar para otro momento”. En palabras de una alta fuente del Gabinete, “no hay margen porque (también) tendría un impacto en diputados que no quieren tener problemas con los gremios”.
Aunque nadie descarta nada: “Javier (por Milei) no definió sobre ninguno de los dos temas. Queda toda esta semana para analizarlo”, suelta un funcionario con despacho en Casa Rosada.