El holding italiano Enel decidió irse del país. El grupo Sadesa está interesado. También hay preguntas de empresarios nacionales. El negocio de generación atrae más que el de distribución.
El grupo italiano Enel puso en venta sus activos en el país, y ya hay candidatos e interesados haciendo números. La compañía saliente posee dos grandes negocios: distribución- a través de Edesur- y generación eléctrica. Especialistas y competidores consultados estiman que Enel puede llega a percibir US$ 300 millones por desprenderse de ambos.
Sadesa, que ya posee negocios de generación, es socio de Enel en Edesur. La compañía nacional -donde confluyen las familias Miguens, Bemberg y Caputo con otros empresarios- posee una participación en Distrilec. Esa sociedad controla el 57% de Edesur. En el mercado, los ven como los candidatos naturales a querer comprar el negocio de generación de Enel. Pero los empresarios no estarían tan interesados en Edesur.
El banco de inversión que posee el mandato de venta de Enel es el encargado de recepcionar las ofertas. Algunos competidores sostienen que los italianos esperan juntar cerca de US$ 200 millones por esa unidad de negocio. Las generadoras cobran por la electricidad que le entregan al sistema. Allí hubo satisfacción por el arreglo que viene entre Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, y las distribuidoras. “Una vez que se ponga en marcha el plan de pagos, vamos a empezar a cobrar”, detalla el ejecutivo de una generadora.
El traspaso de activos en generación es más sencillo que en distribución. La aprobación de la transferencia de una concesión requiere la rúbrica del Poder Ejecutivo nacional. José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y José Luis Vila, con buena llegada a la coalición de gobierno, lograron que el ente regulador (Enre) les conceda luz verde para la compra del control de Edenor en 2021.
Cualquier interesado en Edesur sabe que tendrá que golpear las puertas del oficialismo. Eso implica acordar con sus distintas terminales: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía -Sergio Massa- y el presidente Alberto Fernández. “Manzano lo pudo hacer. El que quiera Edesur también tendrá que lograr eso. Y encima prepararse por si hay cambio de Gobierno, tendiendo algún lazo con la actual oposición”.
Sadesa ya es dueño de Central Puerto, un jugador relevante en generación. La compañía podría tomar mayor peso con la adquisición de las centrales de Enel en Costanera y Dock Sud.
La valuación de las empresas en la Argentina está hundida a niveles no vistos desde 2001. Edenor, que llegó a valer US$ 5.000 millones en 2018, fue vendida por US$ 100 millones, es decir menos del 5% de lo que cotizaba hace 4 años. Esa es la única referencia existente para poder determinar la valuación de Edesur. En el caso de Edenor, Pampa Energía percibió US$ 100 millones por el control (51% de las acciones), mientras que en el caso de Edesur, Enel pone en venta un mayor porcentaje (el 75%).
Pero hay diferencias entre las distribuidoras. Según varios ejecutivos que pasaron por ambas distribuidoras, Edesur requiere una mayor inversión en infraestructura que Edenor. Tiene mayor cantidad de interrupciones y problemas en su tendido. Eso la hace lenta para responder a las interrupciones.
A favor, el clima para las distribuidoras parece haber cambiado en relación a 2020, cuando Mindlin vendió Edenor. En ese momento, regía un congelamiento de tarifas desde hace un año, que el Gobierno trató de sostener por casi tres años. La gestión de Massa en Economía logró cambiar un poco esa percepción.
El Frente de Todos hizo del congelamiento de tarifas uno de sus estandartes. Se ufanó de ello en la campaña electoral para las elecciones legislativas de 2021. Pero los tiempos parecen haber cambiado en el oficialismo. El combate contra el ex ministro de Economía, Martín Guzman, cada vez que quería disminuir los subsidios es librado de otra manera cuando Massa intenta lo mismo.
En el presupuesto votado para 2023, hay una reducción de los subsidios. Eso implicará un aumento en las boletas. Aunque hay dudas sobre la capacidad del oficialismo por encarar aumentos en un año electoral.
“No veo inminente una venta de Edesur. Las reglas del sector no están claras. De hacerse, tiene que ser en el primer semestre, porque en el segundo todo va a estar tomado y cuestionado en el contexto de la campaña”, dicen en un grupo inversor que estuvo mirando la distribuidora.
Hay dos artículos votados en la ley de presupuesto que generan entusiasmo en los inversores. Por un lado, se estableció que Cammesa tiene que arreglar un plan de pagos con Edenor y Edesur, que le deben $ 200.000 millones. Las condiciones de ese entendimiento todavía no están claras.
Por el otro, la “ley de leyes” también intima al regulador (el Enre) a convocar a una audiencia pública para regularizar las tarifas de las distribuidoras de Buenos Aires. Es porque Edenor y Edesur son las que menos porcentaje se quedan de lo que cobran en las facturas de todas las distribuidoras del país.
La Secretaría de Energía implementará la próxima quita de subsidios en las boletas de servicios públicos en diciembre. En esta instancia, el Gobierno removerá un 40% de la subvención que tiene el costo de la electricidad en las facturas de luz. Se suma al recorte de ayuda que hubo en octubre y habrá otro en febrero.
La luz ya subió un 90% para los segmentos denominados N1. Son -para los parámetros oficiales- de “ingresos altos”. Se trata de grupos familiares que ganaban más de $ 250.000 a mediados de año (ahora ese piso subió a $ 450.000 mensuales), poseen tres propiedades o tres autos.
Los segmentos denominados “medios” -ganan en un rango que va entre 1 y 3,5 canastas básicas del Indec- experimentarán correcciones que van del 3% al 52%, tras las dos quitas de subsidios. La suba depende del consumo que tengan.
Para el Gobierno, el grupo de ingresos medios lo constituyen hogares en los que sus integrantes obtienen entre $ 128.000 y $ 448.000.
La audiencia pública para la luz será en enero de 2023. Las compañías estiman que necesitan sus costos están un 300% por arriba de los aumentos que les fueron autorizados.