Tras una denuncia dando cuenta del accionar de dos presuntos abogados que habrían estafado a presos, el juez de Instrucción 1 (subrogante) de Oberá, Pedro Piriz, solicitó ayer informes a distintas dependencias donde estos individuos habrían ingresado, indicaron fuentes del caso.
Es que la denunciante, la letrada María Cristina Salguero, refirió que estas personas entraron a visitar presos tanto en comisarías de la zona centro como en varias penitenciarías, Juzgados y Tribunales, invocando ser empleados de Derechos Humanos y con credenciales de dudosa procedencia.
Estas maniobras, agregó la denunciante, les habrían permitido a los involucrados cobrar honorarios por sus servicios como supuestos abogados tanto a detenidos como a familiares de éstos, tal como publicó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN.
Recientemente se sumó otra denuncia, ya que Salguero presentó una nota al Colegio de Abogados de la provincia. En la misma expresó que los dos individuos “invocando ser funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, entrevistaron a personas detenidas en comisarías y unidades penitenciarias, ofreciéndoles sus servicios y asesoramiento jurídico a cambio del pago de una suma de dinero, en concepto de honorarios profesionales”.
“Al revisar la lista de abogados matriculados en Misiones constaté que no aparecen y desde Derechos Humanos informaron que dichas personas no trabajan ni trabajaron en el citado organismo”, expresó entre otras cuestiones.