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viernes, 29 marzo, 2024

Las mujeres de Comodoro Py

Cuando entró al despacho encontró el piso de alfombra, decoración romana, cortinas y el techo entelado. María Eugenia Capuchetti bajó el techo, pintó de blanco el antiguo despacho de Norberto Oyarbide y acomodó un sillón chester de tres cuerpos donde sienta a sus equipos. Trabaja hasta altas horas de la noche, siguió el trajín de tres juzgados, organizados a fuerza de excel. Arma redes. Y entre su gente tiene mitad varones y mitad mujeres, con paridad también en las jerarquías más altas, secretarios y secretarías. Ahora ya está. Pagó derecho de piso.

Madre de dos hijos, marido quiropráctico, lleva 29 años en la Justicia. Ingresó en la escala más baja de pinche en 1993, subió cada peldaño, quedó segunda en la terna encabezada por otra mujer, pero su selección quedó marcada por los parentescos políticos que la ligaron a su trabajo con el ex procurador porteño, Martín Ocampo, compadre de Daniel “El Tano” Angelici. Sin embargo, fueron tantos los que pidieron por ella, que al final no lo pidió nadie, suele decir, para correrse de esas mandas. Los que pidieron lo pidieron, pero está convencida de que si está donde está es porque trabajó desde los 18 años. 

Capuchetti es parte de la nueva generación de mujeres de Comodoro Py, el edificio más político de la Justicia Federal argentina. Escaleras arriba están los despachos de dos mujeres que ocupan dos de las doce fiscalías federales. Un icónico afiche del Ni una Menos cuelga de la puerta de acceso a la oficina de Paloma Ochoa. Y pasos más adelante, Alejandra Mángano transita su especialización en crimen organizado y trata siguiendo novedades de un grupo de whatsapp con mujeres de distintos ámbitos de la Justicia que salen al socorro de unas y de otras y organizan acciones urgentes en clave de alerta cuando un varón se dispone a ocupar un cargo en el alto tribunal sin paridad.

Son distintas a la vieja camada de magistradas no sólo por edad sino porque llegaron en otro momento histórico, con el feminismo con otra fuerza y visibilidad. Accedieron a sus cargos por concurso, vigente desde 1999. El concurso mejora el acceso, pero no elimina el último paso donde aún pesan contactos y roscas. ¿Quiénes son? ¿Qué pueden y qué no pueden estas mujeres que han accedido a lugares de poder? ¿Cómo opera la herencia? ¿Qué hacen con ella? ¿Qué cambió en los últimos años? NOTICIAS indagó con ellas sus trayectorias, crianzas y aspiraciones. Los modelos que les sirvieron de espejo. Los silenciosos rituales de iniciación. Y las estrategias de supervivencia en lugares donde la sobrecarga de trabajo aún es uno de los rasgos con los que las mujeres pagan derechos de acceso. Y lo que les pasa comienza a leerse en clave de violencia política. Ellas también miran a las veteranas del edificio de Retiro. Una especie de revolución. Hacen cosas que antes no hacían. Mángano dice una frase, habla de las otras, pero a lo mejor de todas ellas: no se callan más.

Historias Mángano tiene 39 años. Es fiscal volante, crecida y criada en una familia del campo de la Justicia. Hija de Alfredo Mángano, secretario histórico de María Romilda Servini. Nieta de un abuelo juez en Entre Ríos. Esposa de Juan Manuel Rodríguez Ponte, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, la oficina de escuchas de la Corte. Pero esas son fotos que ella cambia de lugar. La vida fue más dura de lo que parece. El padre debió trabajar desde muy chico. No hizo la carrera de abogado. Ella no quería hacerla. Prefería trabajo social o psicología forense hasta que en la secundaria hizo una pasantía en un juzgado de Morón.

“Te mandaban a trabajar a un lugar vinculado con lo que querías hacer. El juez me preguntó qué iba a estudiar. Cuando le di mis opciones, me dijo que él hacía las tres cosas, pero me dijo: soy juez, y para ser juez, primero tuve que ser abogado. Me pareció una buena estrategia y empecé la carrera. Me recibí a los 23. Me especialicé en derecho penal. Empecé a dar clases en la UBA, me gustaba mucho, fui jefa de trabajos prácticos, ¡rentada!, en la cátedra de Carlos Elbert, un juez de la Cámara del Crimen. En ese momento había una adjunta mujer que era defensora pública, Silvia Martínez. Y es la mujer que de alguna manera me marcó, porque transité la docencia con un embarazo y la maternidad, y ella fue una referente: era madre, profesora y magistrada. Siempre hubo muchas mujeres en mi vida. De chica, estaba Servini. Y luego siguieron otras porque también me propuso para el cargo Alejandra Gils Carbó. El concurso se suspendió. Luego se reactivó. Y fui fiscal re joven”.

Mángano aún es la fiscal más joven del edificio. Empezó a concursar cinco años después de la graduación. Trabajó con Jorge Ballestero, luego con Ariel Lijo, ahí conoció a su pareja. Trabajó siete años con Marcelo Colombo en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Protex, desde donde representó al país ante organismos internacionales. Es parte de varias organizaciones: Asociación de Mujeres Juezas Argentinas (AMJA), con espacios de discusión y delegadas de todo el país, e integra la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN). Trabaja en equipo. “En general, las mujeres construimos redes para construir poder. Los varones piensan el poder de manera personal, verticalista, y eso es una diferencia importante. Para nosotras es natural formar equipos porque aunque parece medio obvio, es más eficiente para casos cada vez más complejos. A veces, es una estafa con dos mil víctimas, lavado de dinero, captación de ahorro de mercado de capital, evasión, recupero de activos: necesitás trabajar en red”.

Por todo eso puede entender cuando mencionan su nombre emparentado a un varón por su trayectoria laboral, pero le molesta cuando aparece como esposa de Rodríguez Ponte. O la recusan por eso. Dice que en eso hay una impugnación no sólo hacia ella, sino que horada a las mujeres que están en situaciones de poder.

“Existe la idea de que él me instaló en el cargo, y la verdad es que me nombraron fiscal antes que a Juan lo nombren director. Ayudó, pero ayudó porque crió a sus hijas a la par mío. Yo me iba de viaje por laburo y Juan me dio posibilidades que otras mujeres no tienen: entre ellas, hacer un concurso. Cuando estaba embarazada, tenía que ir a rendir y subir una escalera con una valija de libros. Y Juan venía conmigo para ayudarme a subirla. En ese sentido, somos un equipo. Pero las veces que me recusaron fue por ser la mujer de Rodríguez Ponte. Eso no tiene ningún sentido legal, sino otra idea más instalada: que las mujeres con poder tienen que tener algún tutor. Un referente. Siempre se busca. No importa si es pareja o quien sea. Pero se busca el referente varón y eso es un problema que tenemos todas las mujeres en lugares de poder”.

Y dice más. “A mí no me molesta tanto que me asocien a personas con las que trabajé. Lo otro es distinto pero también es una pauta de por qué no hay tantas mujeres en este tipo de espacios porque esas pequeñas violencias son expulsivas para quienes transitan el cargo. Por eso, no sólo es difícil acceder a estos lugares sino que después existen mecanismos que desacreditan tu poder mientras lo transitás, y eso también es una estrategia para correrte. Un fiscal varón tiene el mismo poder que una fiscal mujer, sin embargo si a la fiscal siempre se la condiciona como que si fuera menos, se convierte en una forma de discriminación que es usual en la esfera pública”.

Acceso y padrinazgos El sistema de Justicia tiene grandes diferencias de números entre mujeres y varones en los puestos más altos aunque es uno de los lugares del Estado con mayor proporción de mujeres en lugares de poder, incluso con mayoría, en los pisos más bajos del escalafón. Una novedad es que las más jóvenes parecen dispuestas a bancar la parada. Natalia Gherardi es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. “Las estrategias de las mujeres con más trayectoria son distintas a las de las jóvenes. Ni más fáciles ni más difíciles. Pero creo que son distintas. Porque las jóvenes llegan en un momento en que hay una demanda social sobre la igualdad y una construcción colectiva acerca de la importancia de que haya pluralidad, diversidad y más democracia en el sistema de administración de Justicia, promoviendo cambios también en los cargos más altos. En particular ahí porque es donde todavía debe mejorar la presencia de mujeres. Mucho mejor que otros poderes del Estado. Pero el acceso a las máximas jerarquías era difícil antes y también ahora. Muchas de las que accedieron antes de los últimos veinte años, tal vez, eran parte de un sistema de padrinazgos mucho menos transparente donde los padrinos eran imprescindibles. Probablemente sus lógicas de alianzas tenían que responder a la realidad que las rodeaba. Las más jóvenes y las que han logrado esos cargos en los últimos diez años son otra generación. No sólo en términos etarios sino que responden a otro momento histórico en el que el feminismo tiene otra fuerza. Hay otra visibilidad de las agendas, otra penetración de esa agenda en los organismos del Estado y en la agenda pública”.

Qué pueden y qué no Paloma Ochoa asumió durante la gestión de Gils Carbó. El mismo día, la procuradora le tomó juramento a Franco Picardi. Era 2015. Segundo gobierno de Cristina Fernández en el año de la muerte de Alberto Nisman y confrontación entre Gobierno y Justicia. Cuando Gils Carbó tomó juramento, las crónicas decían que el resto de los fiscales había pegado el faltazo. Paloma era la única fiscal mujer del edificio. Comenzaron a preguntarle la edad, ¿a un varón se lo hubiesen preguntado?

En su despacho encontró una pared azul en la que colgó tres cuadros: afiches urbanos. “El Patriarcado no va más”, dice uno. Y los otros son dos iguales. “El Poder Judicial será feminista o no será”. Uno es copia y otro, original. Un boceto desteñido. Paloma viste saco sastre rojo y jeans. Es docente en la Universidad de Avellaneda, e hija de los ‘90 con la policía de cacería entre los jóvenes, el fondo del caso Bulacio y cuando el derecho aparecía como forma de defensa.     

Cuando participó de la primera marcha del Ni una menos en Buenos Aires, su nombre apareció en todos los diarios: el camarista Juan Carlos Gemignani la recusó como simpatizante de la movilización. Antes, él había encerrado a una secretaria dos horas en un armario, Ochoa tuvo la causa y le imputó privación ilegal de la libertad. Fue su bautismo de fuego. Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al despacho fue cambiar el nombre de los expedientes con imputadas trans: hasta entonces, las carátulas estaban encabezadas con nombre de varón seguido por la palabra “alias”, en lógica de edicto policial. Una vez, el abogado de un narco se disgustó con un dictamen, y fue a quejarse ante el juez por el perfil verde de la fiscal. Entre muchos momentos, ella conserva fresco un diálogo de los comienzos con Servini, una suerte de rito de iniciación que también escucharon otras mujeres.

“Cuando quieras algo, que lo pida el de al lado”, le dijo la jueza, en referencia a un varón. “Y vos no digas nada, que lo pida él, seguro que así lo vas a conseguir”.

Ese varón al que pedirle era cualquiera. Jefe o subalterno. Y esa, una de las estrategias de las viejas generaciones para apañarse en un mundo de varones. Las jóvenes no usan esa estrategia, tienen las suyas. Saben que hacer visible la discriminación o violencia de género de los jefes varones funciona pero también es signo de debilidad. Lo denuncian sólo si es necesario. En ocasiones. Nadie quiere ser señalado como violento.

Expedientes Ochoa y Capuchetti trabajaron la causa por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra. Ochoa investigó. Hubo un soborno y manipulación en el sorteo de Casación. El caso mostraba las fluidas relaciones entre agendas de inteligencia, jueces y estudios jurídicos de ex funcionarios, como sintetizó un comunicado del CELS cuando todas eran demoras y la defensa apelaba cada decisión. Entre los imputados estaba el camarista Eduardo Riggi, con acusación que no prosperó. Y el abogado y ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, acusado de pedir 50 mil dólares y hacer valer sus influencias para liberar al ex secretario de la UOM, José Pedraza. Ochoa pidió el procesamiento. Y después de mucho batallar, elevó la causa a juicio oral. La jueza siempre acompañó los planteos.

Capuchetti también lidia con marcas de origen. De un lado Angelici, en otro María Eugenia Vidal. Un padre ex comisario de la Policía Federal y luego jefe de seguridad de la AFA. Hermana en la Agencia Federal de Inteligencia. Y ella misma con paso en la gestión de la Ciudad. ¿Qué hace con esa herencia? Cuando asumió como jueza, le dijo a su padre que tal vez era hora de que descansara, y el padre se retiró. Cuando llegó al juzgado debía decidir si reabría una causa de CFK, no lo hizo. Sobreseyó a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Dijo que no hubo delito en el Vacunatorio VIP. Rechazó la causa de espionaje cuando la ex cúpula de la AFI buscaba llevarla de Lomas de Zamora a Comodoro Py. Y ante una causa picante como la de la Mesa Judicial, delegó la investigación en la fiscalía. De su historia recupera a mujeres, a su madre y a una abuela, importante en la crianza: una abuela separada cuando nadie lo hacía. Esa es otra de las herencias que, al paso, subraya.

por Alejandra Dandan

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