Mientras el país se desgarraba en eternos debates en torno a la infidelidad de un discreto delantero, el dólar blue alcanzó su récord histórico, el Gobierno nacional avanzó en su “plan” anti-inflación con la remanida receta del control de precios, el presidente volvió a hacer gala de su poder de contradecirse y su antecesor se ganó cuestionamientos tras un nuevo faltazo a una indagatoria.
La semana empezó complicada para el presidente. El ala dura del kirchnerismo aprovechó la conmemoración del Día de la Lealtad para marcarle la cancha una vez más. Lo hizo en un acto en la emblemática Plaza de Mayo en el que oradores como la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el gremialista Roberto Baradel y el exministro de Economía en uso de libertad condicional, Amado Boudou, criticaron duramente a Alberto Fernández por una supuesta cercanía a los sectores empresariales en detrimento de “los intereses del pueblo”.
Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, intenta cerrar un acuerdo que permita renegociar la impagable deuda con el FMI, desde el kirchnerismo lo corren por izquierda exigiéndole que desconozca la deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri.
La vice Cristina Fernández de Kirchner se mostró en línea con ese discurso aunque no llegó tan lejos. En un acto organizado por la Cámpora le exigió a Alberto que no permita ningún condicionamiento del organismo de crédito, requerimiento imposible de cumplir si verdaderamente se pretende avanzar en una renegociación de la deuda.
Después de soportar el castigo de sus propios aliados, Alberto volvió a dar muestras de su capacidad para generarse sus propias crisis.
El grupo autodenominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuya procedencia nadie tiene muy en claro, perpetró un nuevo acto de vandalismo en la comunidad de El Bolsón, condimentado con amenazas a la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras.
Superada por las circunstancias, la mandataria provincial solicitó al presidente el envío de fuerzas de seguridad nacionales para garantizar la paz social, algo que este Gobierno nacional ya había hecho hace apenas una semana, cuando envió casi 600 gendarmes a Rosario para combatir la ola de inseguridad que azota a esa ciudad.
Pero en el caso de Rio Negro la amenaza a conjurar no proviene del narcotráfico sino de un movimiento que cuenta con el respaldo ideológico de buena parte del kirchnerismo, especialmente luego de que los reclamos tras la muerte de Santiago Maldonado se convirtieran en un emblema contra la exministra de Seguridad patricia Bullrich y por orden extensivo, contra toda el ala dura del PRO.
El presidente acusó recibo del reclamo de más kirchnerismo que escuchó en la Plaza de Mayo y aprovechó el pedido de Carreras para sobreactuar autoridad y a través de una carta le recordó que “no es función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también salió a ningunear a la rionegrina “señora, está equivocada, no tiene ninguna atribución para solicitar el envío de Gendarmería”, indicó.
Flaco favor le hizo el presidente a la campaña del Frente de Todos para revertir el pobre resultado de las PASO y su propia imagen pública. Su negativa a enviar apoyo de fuerzas federales a Rio Negro fue leída como un apoyo tácito a un grupo extremista que acostumbra quemar edificios, costumbre que no es bien apreciada por el común de la gente.
Innecesariamente y sin obtener por ello rédito de ningún tipo, el presidente volvió a ubicarse en la vereda opuesta al grueso de la sociedad y al sentido común.
Por si fuera poco, se lo hicieron notar desde el interior de la alianza que integra. “Es terrorismo, no hay dudas” y “es obligación del Estado enviar tropas”, fueron algunas de las frases que utilizó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para referirse a la cuestión.
Advertido del error, a Alberto no le quedó más alternativa que actuar en contra de sus palabras, reeditando el episodio Vicentín. Terminó enviando a los gendarmes y llamando a la gobernadora de Rio Negro en tono amable y con ánimos de limar las asperezas que él mismo había provocado.
El plan para evitar el desmadre Con la emisión monetaria recalentada por necesidades electorales, la inflación pasó a ser una amenaza todavía más peligrosa. Sin mejores alternativas a mano, el Gobierno nacional apuesta todas sus fichas al control coercitivo como política para evitar que los precios se disparen.
Cepo cambiario reforzado, tarifas pisadas desde hace más de un año y medio, dólar oficial planchado y almidonado, el Gobierno ya tiró todas las anclas que tenía a mano pero el barco de la inflación se sigue moviendo, y lo hace cada vez más rápidamente.
Para intentar disminuir su marcha, al menos hasta que el calendario electoral permita retomar alguna forma de moderación en la emisión monetaria, la gestión de Alberto apela a una receta repetida que alguna vez tuvo los efectos deseados en el corto plazo, pero que siempre fracasó en el mediano plazo: la aplicación de precios máximos.
Después de no conseguir un acuerdo con los empresarios del ramo, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una lista de 1.432 precios que los supermercados deberán mantenerlos hasta el 7 de enero y el titular del área de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento a aquellos comercios que vendieran a precios superiores a los que indica el listado.
Los empresarios adujeron que la lista incluye precios que están por debajo de los costos de producción y que además pareciera haber sido armada a las apuradas, porque en ella conviven valores que están muy por debajo que los de mercado y otros que están por encima sin que pueda apreciarse un criterio que sustente estas diferencias.
Misiones Online recorrió supermercados de Posadas y encontró en las góndolas precios que llegaban a duplicar a los de la lista del gobierno, pero también otros que estaban hasta 25% por debajo.
Los detractores pronostican que la aplicación de un esquema rígido de precios máximos en un contexto inflacionario que no ofrece incentivos claros para la inversión, terminará generando desabastecimiento, caída de la producción y más inflación.
Como todos los demás precios, el del dólar blue también sigue aumentando. El viernes se incrementó 4 pesos para llegar a los 195 pesos en las cuevas de la City porteña, igualando de ese modo la marca más alta registrada hace poco más de un año.
El principal motivo para la aceleración del blue es la depreciación del peso que no para de caer contra todos los demás precios y naturalmente también lo hace contra el dólar no regulado.
Analistas afirman que las limitaciones impuestas a la operación de distintos tipos de dólar financiero también incidieron para la suba del blue porque elevaron su demanda y otros lo asocian además con un clima de mayor incertidumbre generado a partir de la radicalización del “discurso antiempresas” del Gobierno nacional.
Por otra parte, el atraso del dólar oficial frente a la inflación alimenta pronósticos de devaluación poselectoral más o menos brusca. En lo que va del año la cotización del dólar oficial aumentó 17,5% mientras que la inflación mayorista fue de 39,8% y los analistas consideran que en algún momento esa brecha deberá reducirse para evitar un atraso cambiario que paralice las exportaciones.
Teniendo en cuenta que nadie prevé que la inflación del año próximo esté lejos de los 50 puntos, la única vía para achicar esa brecha pasa por una aceleración de la devaluación para que el dólar oficial cuanto menos acompañe a la inflación.
Imagen en baja Los rigores de la pandemia y los errores propios le siguen pasando factura al presidente Alberto Fernández. Al menos eso es lo que mostró el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, un indicador que es seguido de cerca por analistas políticos porque demostró eficacia para anticipar resultados electorales.
En el ICG de octubre el primer mandatario alcanzó 1,52 puntos, perforando la marca más baja de Mauricio Macri durante su presidencia que fue de 1,53.
Según este índice, en el último año la confianza en Alberto disminuyó más de 23% y también cayó respecto a la medición de septiembre, lo que llevó los autores del informe a considerar que “ni el cambio de gabinete, ni la batería de políticas distributivas anunciadas desde la derrota del Frente de Todos en las PASO fueron suficiente para apuntalar la imagen del gobierno, respecto del nivel alcanzado en la medición previa a dichas elecciones”.
¿A disposición de la justicia? El expresidente Mauricio Macri aseguró que “siempre estuve y estaré a disposición de la justicia”, pero lo curioso es que lo dijo justo después de haberse negado asistir a una citación a indagatoria en el marco de la causa iniciada en su contra por presunto espionaje contra los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.
Macri tendrá una nueva oportunidad de presentarse ante la justicia el 28 de octubre, fecha para la que fue citado por el juez federal de Dolores Martín Bava.
Esta es la tercera fecha que el magistrado le fija a Macri luego que el expresidente no se presentara el 7 de octubre, porque estaba fuera del país, ni el miércoles último, cuando decidió recusar al juez que instruye el expediente.
Los familiares de los marinos del submarino se mostraron indignados por las negativas de Macri a presentarse ante la Justicia y reclamaron que el expresidente “asista a declarar como cualquier hijo de vecino”.
Previsiblemente los referentes del oficialismo nacional cuestionaron en bloque al expresidente, pero también lo hicieron referentes de Juntos por el Cambio como el candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, quien le reclamó al expresidente que actúe con ejemplaridad, así como también consideró que “se debería presentar como cualquiera”.
En la misma línea se expresó el diputado nacional y candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez, quien cuestionó la estrategia judicial de Mauricio Macri y le pidió al expresidente que tenga “otro tipo de conducta y eleve la vara ética”.
Provincia previsible Otra vez Misiones consiguió aprobar la Ley de Presupuesto antes de la finalización del período de sesiones ordinarias y con ello se convirtió nuevamente en la primera provincia del país en tener presupuesto aprobado para el año siguiente.
Lejos de ser un mero trámite legislativo, la aprobación por unanimidad del Presupuesto representa una demostración de funcionamiento aceitado de las instituciones, orden político, pero fundamentalmente de previsibilidad y tranquilidad para los misioneros que a partir de esta ley cuentan con una garantía de respaldo financiero para la continuidad de las numerosas tareas que se llevan adelante en áreas como producción agraria, salud de calidad, educación de vanguardia, economía del conocimiento, generación de empleo, los programas Ahora Misiones, y obras públicas de viviendas, escuelas, comisarias, asfalto, puentes, entre otras.
En la misma sesión se aprobó la versión digital del boletín oficial, para que cualquier ciudadano tenga acceso a los decretos, resoluciones, licitaciones y toda la documentación oficial de la Provincia. Una apertura hacia la transparencia plena que no existe en ninguna provincia del país.
Otra buena noticia para el agro de Misiones fue la obtención de un crédito internacional por 7 millones de dólares a una tasa de interés anual de 1,2%, con siete años de gracia y un período de pago de 32 años.
La obtención de un crédito otorgado por una entidad internacional y con una tasa de interés tan baja solo fue posible gracias a la buena salud de las cuentas fiscales de Misiones porque la tasa de interés es inversamente proporcional al riesgo de que el deudor no cumpla sus obligaciones.
La gestión del gobernador Oscar Herrera Ahuad lleva adelante intensas y productivas gestiones y reclamos ante el gobierno nacional que buscan generar mejores condiciones de vida para los misioneros.
Entre esas gestiones se encuentra, otra vez, la creación de una zona aduanera especial sin impuestos, que permita a Misiones tener mejores precios y menores costos para poder exportar, atraer industrias, generar empleos nuevos y crecimiento genuino de todos los sectores de la economía. Fue una ley sancionada el año pasado, luego vetada por el Presidente Fernández, y ahora Misiones insiste en que sea puesta entre los artículos del presupuesto 2022.
También se reclama el artículo 10 de la ley de pymes y una contribución esencial por los servicios ambientales y para seguir cuidando la selva, que genera un beneficio social y económico a todo el país pero los costos corren solo por Misiones. El planteo considera justo que la Nación contribuya debido a que la selva misionera capta dióxido de carbono y produce oxígeno para todos.
Y en este mismo sentido, la provincia decidió salir al mundo a conseguir financiamiento para seguir cuidando la selva. Las empresas más grandes, que son las más contaminantes, están obligadas a tener equilibrio ambiental, por lo tanto deben comprar créditos de para compensar su contaminación. Esos créditos son los bonos de carbono que Misiones salió a vencer al mundo. Es una jugada que pone a la provincia a la vanguardia del continente en la preservación del medio ambiente hacia el futuro.
El camino a las urnas La carrera hacia el 14 de noviembre muestra a los tres principales frentes en disputa en Misiones con realidades bien distintas.
Dentro del Frente de Todos la derrota del camporismo a manos de la lista del PAyS encabezada por Isaac Lenguaza provocó desazón en las filas del kirchnerismo que probó una vez más su incapacidad para hacer pie en Misiones y dejó en virtual soledad a los dirigentes del PAyS.
En Juntos por el Cambio tampoco se vive el mismo entusiasmo de la campaña de las PASO. Dentro de ese frente Martín Goerling fue el tercer precandidato más votado en septiembre, pese a ello no está en la lista de candidatos que participará en noviembre y con él quedó fuera de la discusión el PRO, uno de los socios mayoritarios del mencionado frente.
El segundo precandidato más votado en las PASO dentro de Juntos por el Cambio, el apostoleño Pedro Puerta, tampoco tiene lugar entre la lista de aspirantes a diputado nacional porque para cumplir con la ley de Paridad de Género debió ceder el lugar que le corresponde a su partido, el movimiento Activar, a Florencia Klipauka quien la seguía en la lista de las PASO.
En consecuencia, el único de los tres precandidatos más votados en la interna de Juntos por el Cambio que efectivamente participará como candidato en noviembre será el radical Martín Arjol, que tampoco tiene consenso dentro de una UCR fracturada por decisión de Gustavo González de desafiar el mandato de la convención partidaria al presentarse con una lista propia en las PASO.
Por otra parte, desde el radicalismo entienden que sus socios del PRO actuaron con un timing político equivocado al impulsar en tiempos de campaña propuestas poco populares que podrían afectar directamente el bolsillo de la gente o sus derechos, como el debate en torno a la eliminación de la indemnización por despido.
Además empezaron a aparecer cada vez con más fuerza las críticas hacia el modelo fiscal que impulsa Cambiemos y sus candidatos. Otra vez, como en ocasiones anteriores, plantean un modelo de bajar los impuestos y desfinanciar al Estado, poniendo a la vecina Corrientes como ejemplo en el rubro forestal.
El problema contra ese planteo es la evidencia empírica que muestra que Misiones supera ampliamente a Corrientes en cantidad de industrias dedicadas al procesamiento de la madera.
Desde el Frente Renovador en cambio, defienden al modelo fiscal de Misiones porque están convencidos de que es necesario para prestar servicios de primera calidad a los ciudadanos, como la educación de vanguardia, la salud de altísimo nivel (solo este año 10 hospitales nuevos), las obras de asfalto, los programas Ahora, la construcción de viviendas, la seguridad.
A la par, algunos recuerdan que el radicalismo tuvo influencia muy fuerte en las tres grandes crisis económicas que llevaron al país a la ruina. Alfonsín, De la Rúa y Macri, por eso hay una creciente desconfianza en lo que propone Arjol.
Sin olvidar que el gobierno radical de los años 80, cuyo principal integrante de aquel tiempo ahora participa de la campaña de JxC, entregó parte de la coparticipación de Misiones a la Nación causando un daño que, a plata de hoy, serían 3500 millones de pesos al mes, según denunció el diputado Roque Gervasoni en la última sesión de la Legislatura.
Dirigentes de base del Frente Renovador advierten además que ahora sí se encendió la maquinaria electoral y confían en su funcionamiento arrollador cuando calienta los motores. “Hay un permanente trajinar de toda la provincia, ida y vuelva, no solo de los candidatos, sino que ahora también arrancaron fuerte a militar todos los ministros, diputados, intendentes, concejales, agrupaciones de todas las áreas y toda la fuerza popular que acarrea”, destacó un entusiasta militante en un reciente encuentro de campaña.