Menos del 2% de quienes cobran un plan social consigue un empleo formal

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A través de un anuncio frente a empresarios, y luego mediante la firma de un decreto, el gobierno de Alberto Fernández avanzó esta semana con la iniciativa de que aquellos beneficiarios de planes sociales que sean contratados en el sector privado puedan seguir percibiendo ese ingreso del Estado.

La medida se dio en el marco de un clima de tensión social que va en ascenso, con repetidos cortes y piquetes durante octubre, a las puertas de las elecciones generales, y en medio de un fuerte debate sobre cómo limitar la entrega de planes sociales para convertirlos en empleo genuino, tema que divide a la coalición de gobierno y que llegó a generar opiniones cruzadas desde las organizaciones sociales e incluso motivó una mención del Papa Francisco. “No se puede vivir de subsidios”, planteó el sumo pontífice desde el Vaticano, en referencia directa a la coyuntura política nacional.

En ese contexto, desde la oposición hicieron público un informe, al que accedió de manera exclusiva Clarín, que revela que apenas 1,6% de las personas que están enmarcadas dentro del programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, han logrado conseguir un trabajo formal.

El análisis de los datos fue realizado por la economista Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica ARI que encabeza Elisa Carrió, a partir un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Desarrollo Social.

En el texto, de ocho carillas, sobresale especialmente la ínfima porción de beneficiarios de planes sociales como el Potenciar Trabajo que lograron insertarse en el mercado laboral en los casi dos años que lleva el programa.

Desde la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió surgió el informe crítico del manejo de fondos del Gobierno.

Del 1,1 millón de titulares del Potenciar Trabajo, solo 18.276 personas hizo o está haciendo un pasaje hacia el empleo formal, cifra que equivale al 1,6% del total. De ellos, apenas 6.589 personas han egresado definitivamente del programa, es decir, el 0,6% de los titulares.

El documento, no obstante, también pone énfasis en el decreto 711, que publicó el Gobierno el martes 19, y que critica porque “hace mención a capacitaciones obligatorias, cuando ya son los propios programas existentes lo disponen”.

La referencia alude a la decisión oficial para que los programas Inserción Laboral y Potenciar Trabajo puedan convertirse en incentivos para la contratación de los titulares en empleos registrados. Según Reyes, “no hay ni hubo una intención política de avanzar en ello”.

En el informe, Reyes también recuerda que en mayo pasado, Carrió fue la primera en alertar sobre la “necesidad imperiosa de hacer compatibles los planes sociales y alimentarios con el empleo” y que por eso desde la CC-ARI se impulsó un proyecto de ley en ese sentido, estableciendo su compatibilidad por el plazo de un año.

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, de donde surgen los fondos del Potenciar Trabajo.

Desde el Gobierno dan como explicación al porcentaje tan bajo de conversión de planes en empleo que la creación del Potenciar Trabajo, a principios de 2020, coincidió con la llegada de la pandemia y, por consiguiente, con el freno de toda la actividad económica.

Detallan, en ese sentido, que “hay quienes ya se encuentran trabajando y el dinero del programa es la base de su salario”. Como ejemplo, dan una cooperativa de cosméticos llamada Maleza, en Lugano, que emplea a 40 mujeres que refuerzan su sueldo con el Potenciar Trabajo. Pero también, aclaran, “existen personas que necesitan del acompañamiento del Estado para reinsertarse en el circuito laboral o acceder a un empleo con mejores condiciones”.

Otro punto que menciona el informe de la oposición tiene que ver con la cuestión de las capacitaciones obligatorias que el programa naturalmente ya incluye y que casi no se ejecuta. Y muestra cómo sólo el 1,11% de los titulares de las unidades no gubernamentales se encuentran en proyectos de capacitación: la inversión es de apenas $ 130.000 sobre un global de $ 11.6 millones. En el caso de los titulares de las unidades de gestión gubernamental, solamente el 2,4% participan en proyectos de terminalidad educativa, de un presupuesto total de $ 6,9 millones.

Desde Nación plantean que precisamente en el funcionamiento de esas capacitaciones es donde más impactó la pandemia, pero resaltaron que si bien solamente el 2,4% participan en proyectos de terminalidad educativa, el 55,7% lo hacen en socio-productivos, el 21,7% en socio-laborales y el 20,7% en socio-comunitarios.

En otro extracto del documento, Reyes, que es directora del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, cree que se trata de “un nuevo anuncio que queda en lo electoral y no provoca ningún cambio real en la situación de extrema fragilidad social y económica que atraviesa el país hoy en día”.

Y describe que los subsidios a Municipios y a organizaciones sociales, en el marco del Potenciar Trabajo, no cuentan con parámetros claros de asignación, ni de priorización. “Así vemos como La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown, gobernados por el oficialismo, son aquellos que más subsidios han recibido en este último año”, sostiene, en lo que define como “un intento de convertir la política de empleo en una prebenda electoral”.

Hace mención a capacitaciones obligatorias, cuando ya los propios Programas lo disponen. El problema es que no hay, ni hubo decisión política de avanzar en ello. Hoy vemos como sólo el 1,11% de los titulares se encuentran en proyectos de capacitación.

— Fernanda Reyes (@ReyesFernanda) October 19, 2021 Una caja millonaria del Movimiento EvitaEl programa Potenciar Trabajo representa una caja muy influyente dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con fondos por $ 169.518 millones anuales, que crecieron de manera sideral este año: en enero, eran poco más de $ 111.000 millones los previstos para todo 2021.

A cargo de esos recursos se encuentra Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que además es uno de los principales referentes del Movimiento Evita, aliado estratégico del gobierno de Alberto Fernández.

La otra caja fuerte del ministerio es la que nuclea los fondos de la Tarjeta Alimentar y que depende de la secretaria de Inclusión Social, Laura Valeria Alonso, dirigente de La Cámpora, que administra un presupuesto de $ 191.544 millones por año.

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