El Gobierno argentino se abstuvo de votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, exigirle a que inicie reformas electorales y expresar su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país.
Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, sostuvo que “hay elecciones, para las cuales se invocan algunos estándares que desde luego son universales, y otros estándares que cada pueblo construye a partir de sus leyes soberanas, sus tradiciones, sus raíces , su historia y su cultura”.
Además, agregó: “Más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración. La consideramos improcedente y extemporáneas por razones similares a las que emitimos en el comunicado conjunto con México el pasado 15 de junio. Punto”.
La resolución fue aprobada por 26 países. Otros siete, entre ellos México, Guatemala y Argentina, se abstuvieron. Nicaragua no votó.
El texto también expresa “su grave preocupación ante el hecho de que el gobierno de Daniel Ortega haya “ignorado” los intentos del Consejo Permanente de la OEA de comprometer al gobierno nicaragüense en “la celebración de elecciones libres y justas” el 7 de noviembre.
El cuestionado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto. Foto AFP.
Estados Unidos y otros países han declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua “han perdido toda credibilidad”, debido a la exclusión de partidos opositores en el proceso electoral y al encarcelamiento de varios líderes opositores que pretendían disputarle el poder al presidente Daniel Ortega. En el juego electoral quedan partidos minoritarios y una alianza oficialista encabezada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado.
La Unión Europea impuso el mes pasado sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos y de atentar contra la democracia. Estados Unidos también ha dictado sanciones contra funcionarios y allegados a Ortega.
La declaración también apunta “al deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos” en el país. Al tiempo que acusa al gobierno nicaragüense de “minar el proceso electoral”.
Finalmente, exigen a las autoridades respetar los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionales para “celebrar elecciones libres, justas y transparentes” bajo la supervisión de la OEA.
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AFG
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